República de Colombia
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Boletín de prensa 10 de marzo de 2011
EL TIEMPO
SANTOS CELEBRÓ APROBACIÓN DE LA EMERGENCIA SOCIAL EN LA CORTE
A través de Twitter, Presidente hizo saber su satisfacción por la decisión tomada este miércoles " Celebro decisión de la Corte sobre emergencia por invierno. Pero la alerta sigue y no podemos bajar la guardia", escribió el Jefe de Estado.
Este miércoles, la Corte Constitucional aprobó el decreto madre de la Emergencia Social y Económica, declarada por el Gobierno a raíz de la temporada invernal que afectó al país.
Con ponencia del magistrado Mauricio González que fue acogida integralmente por los magistrados de la Corte se aprobó el decreto madre de la emergencia invernal.
La Corte Constitucional analizó inicialmente los aspectos de forma y verificó que el decreto tuviera la firma del Presidente de la República y sus ministros, que fijaran un término, (la emergencia fue decretada por 30 días), que abarcaran un territorio y que existiera una motivación. Finalmente se verificó que la declaratoria hubiera sido comunicada a la ONU y la OEA.
En el examen de fondo, la Corte encontró que existía un hecho que ameritaba la emergencia. El tribunal evaluó la existencia de un fenómeno climático (el de la niña) que llevó al incremento de las lluvias y al aumento de los niveles de los ríos, especialmente del Magdalena, el Cauca y el Atrato, por encima de sus índices históricos.
Igualmente considera la Corte que los hechos que motivaron la emergencia fueron extraordinarios y a pesar de las advertencias del Ideam los efectos de la ola invernal fueron de mayor magnitud de lo esperado.
Frente a la gravedad de los hechos causados por las lluvias, la Corte evaluó la situación de pérdida de vidas, el caos económico, el daño a las zonas cultivables y la afectación en las comunicaciones y las vías.
Adicionalmente, el tribunal encontró que el gobierno agotó las medidas ordinarias para enfrentar la ola invernal, pues se declaró el Estado de Calamidad Pública, se invirtieron los recursos existentes para ese fin, que eran de 580.000 millones de pesos, cuando en solo atención humanitaria para las víctimas se requieren tres billones de pesos, en la atención de las zonas afectadas se necesitan 6 billones y en la reconstrucción de esos lugares 21 billones.
Alcances de la emergencia
La emergencia social y económica fue declarada por el Gobierno para enfrentar los crudos efectos del invierno que vivió el país el año pasado. Más de 26 departamentos se vieron afectados por la temporada de lluvias y la administración de Juan Manuel Santos estimó que el Estado debería destinar unos 10 billones de pesos para atender a las zonas afectadas.
Los reportes del Gobierno indicaron que más de 2 millones de personas fueron declaradas damnificadas por el invierno.
Con la declaratoria de la emergencia se logró destinar recursos, que antes pertenecían a otros rubros, a planes de atención y reubicación de la población afectada.
También se convirtió en un instrumento jurídico para agilizar los procesos de contratación en los departamentos.
SUPERNOTARIADO DICE QUE SI PARO AVANZA PEDIRÁ QUE SEA DECLARADO ILEGAL
Dos sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro convocaron a paro en 192 oficinas.
Compartir 0Jorge Enrique Vélez García señaló que los sindicatos fueron convocados al paro sin autorización.
Dos sindicatos de la Superintendencia de Notariado y Registro convocaron a un paro en las 192 oficinas de registro del país, luego de que se anunciaran las investigaciones por presuntos hechos de corrupción.
El Superintendente señaló que, pese a la convocatoria, en la mayoría de las oficinas se está prestando el servicio.
"Hay algunas dificultades en Bogotá y en Cali. En el resto del país se está prestando el servicio con normalidad", dijo Vélez García.
Agregó que a esta hora los inspectores están haciendo un registro en las oficinas para determinar cuántos trabajadores no están cumpliendo con las labores.
"Si el paro avanza, le pediré al Gobierno que lo declare ilegal", señaló Vélez García.
La denuncia
El pasado 28 de febrero el Gobierno anunció la decisión de intervenir la Superintendencia de Notariado y Registro.
Esto, luego de que el Superintendente le resumiera al presidente Juan Manuel Santos los hallazgos de una revisión inicial a tan sólo 10 de las 192 oficinas de registro público del país.
Vélez afirmó que cerca de 150 mil hectáreas de la Nación o de campesinos han cambiado de manos irregularmente, con la posible complicidad de un puñado de registradores, notarios y el Incoder.
PROCURADURÍA SOLICITA A CORTE AVALAR PROHIBICIÓN DE LA DOSIS MÍNIMA
Reforma constitucional busca que se prohíba el porte y el consumo de estupefacientes en el país.
En un concepto entregado por el Ministerio Público, el procurador Alejandro Ordóñez le pide a los magistrados de la Corte Constitucional que declaren exequible la reforma.
Según el concepto de Ordóñez, la prohibición no restringe el derecho fundamental a la libertad, ni la autonomía personal, pues por el contrario, afirma que se ajusta al espíritu de la Carta Política.
Además se cumple con convenios Internacionales contra el tráfico y consumo de estupefacientes, agrega el Procurador.
El Congreso abrió el acto legislativo 2 de 2009 que reforma el artículo 49 de la Constitución, relativo a la salud y al saneamiento ambiental. A juicio del Procurador, el permitir el consumo de drogas genera costos económicos para la sociedad, porque permite el auge del mercado ilícito de las drogas y mayores gastos en organización de la Fuerza Pública y el sistema judicial, así como también, argumenta Ordóñez, el consumo tiene un impacto directo en la vida y en la violencia.
"Ni el porte ni el consumo de drogas son asunto íntimo de la vida de las personas. Basta considerar que las drogas son cultivadas, procesadas, transportadas y distribuidas por otros, para advertir que no se trata de un asunto que corresponda de manera exclusiva a quien la porta o quien la consume", puntualizó el Procurador.}
ALARMA ANTE POSIBLE 'MICO' EN REFORMA DE LAS ACCIONES POPULARES
Eliminación de incentivos económicos favorecería a funcionarios involucrados en pérdida de dinero.
La eliminación de los incentivos económicos para las acciones populares, aprobada por el Congreso el año pasado, podría terminar jugando a favor de altos funcionarios involucrados en la pérdida de dineros públicos.
La reforma derogó dos de los artículos de la Ley 472 de 1998, que premiaban hasta con un 15 por ciento del valor de la demanda a los promotores de la acción popular, un mecanismo previsto por la Constitución para proteger derechos colectivos.
Ese incentivo terminó convirtiéndose en motor de centenares de demandas contra el Estado en las que, más que el bien común, se buscaba la recompensa. Por eso, el Gobierno propuso y logró que el Congreso acabara con el polémico premio por demandar.
El lío está en que con los dos artículos que establecían el incentivo también se fue un inciso clave. Este obligaba, "en casos de sobrecostos y otras irregularidades en contratación", a que el representante legal de la entidad (es decir, la cabeza de la institución) y los de las firmas contratistas respondieran solidariamente, con su patrimonio, "hasta la recuperación total de lo pagado en exceso".
En la Contraloría General, el organismo encargado de cuidar los recursos públicos, hay preocupación por la desaparición del inciso.
El análisis de su Dirección Jurídica señala que la norma iba más allá de los incentivos y era clave para evitar que, delegando la facultad de contratar, altos funcionarios le saquen el cuerpo a su responsabilidad de cuidar la plata pública.
De hecho, en la fallida acción popular contra el Grupo Nule la Contraloría también demandó a directores y representantes legales de entidades que les dieron contratos que terminaron en líos.
Imponía obligación de cuidar el erario
Constitucionalistas consultados por EL TIEMPO señalaron que la norma derogada iba más allá de la acción de repetición (el Estado contrademanda a funcionarios responsables de condenas en su contra) y de los procesos fiscales. Esto porque establecía una "responsabilidad solidaria" de los jefes de los implicados directamente en sobrecostos, por no ejercer control. También cobijaba a los contratistas.
APROBADO ARTÍCULO DE FINANCIACIÓN DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
A buen ritmo avanza la votación en la Comisión I de la Cámara de los últimos artículos del estatuto.
Finalmente fue aprobado el artículo de la financiación, que era uno de los más controversiales y el que había generado más polémica en la Comisión Primera de la Cámara.
"Quienes vayan a ser contratistas del Estado deben informar si han financiado campañas electorales, en caso de que lo hayan hecho habrá un seguimiento especial de la Procuraduría para garantizar la transparencia. En Caso de que no lo informen tendrán una inhabilidad para contratar con el estado de 4 años", dijo Alfredo Deluque, representante del partido de 'La U' al anunciar la aprobación.
A punto de quedar aprobado el estatuto
Los artículos propuestos el miércoles por la contralora, Sandra Morelli, han recibido el aval de los representantes a la Cámara. Morelli pidió, entre otras cosas, el fortalecimiento de gerencias departamentales de la entidad y la creación de un grupo de funcionarios anticorrupción especiales para el organismo de control.
El ministro del Interior, Germán Vargas, dejó en claro que si la ampliación de los términos de prescripción de las sanciones disciplinarias no se puede tramitar en la Comisión Primera de la Cámara, aún queda el debate en la plenaria y la conciliación del proyecto para incluirla.
Falta por evacuar el artículo más controversial del proyecto, el que se refiere a la inhabilidad para que quienes financien campañas electorales no puedan ser contratistas del Estado. Este artículo ocasionó que el trámite del proyecto se frenara hace dos semanas.
Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, pidió ante la Comisión I de la Cámara fijar los límites de la controversia entre la Fiscalía y la Procuraduría.
Durante el tercer debate del estatuto anticorrupción, el cual se retomará este miércoles, el presidente del alto tribunal pidió que en el proyecto de ley quede estipulado cuál será el trámite que se seguirá para el traslado de pruebas entre los organismos investigadores del Estado.
"Que si la Fiscalía tiene ya pruebas en donde esté implícita la responsabilidad disciplinaria de personas que sean de la competencia de nosotros investigar, nos las pueda trasladar para nosotros hacer el trabajo, porque los organismos del Estado tenemos que colaborarnos mutuamente porque estamos en un solo Estado", le explicó Lizcano a ELTIEMPO.COM.
El presidente de la Judicatura se refirió al debate que existe actualmente entre el procurador, Alejandro Ordóñez, y la fiscal General, Viviane Morales, sobre el tema.
"Hay una discusión y la Fiscal tiene razón: mientras tenga reserva ella no puede dañar unas investigaciones más de fondo, pero yo las estoy pidiendo (las pruebas) cuando ya la reserva se levante", advirtió.
Igualmente, Lizcano pidió que en el proyecto de ley se le dé la facultad al Consejo para trasladar procesos cuando los funcionarios judiciales sean víctimas de amenazas en las regiones en las cuales tengan que desarrollar su función.
Explicó que la idea es que la Judicatura tenga "poder preferente dentro de nuestros procesos disciplinarios para que cuando haya amenazas de orden público o de violación al debido proceso o de las partes dentro de nuestro proceso disciplinario, en cualquier parte del país, podamos tener la competencia de trasladarlos de la respectiva región".
Afirmó que tal potestad debe poder aplicarse en cualquier momento del proceso. "(Hoy en día) solamente lo podemos trasladar hasta cuando se dicta pliego de cargos y resulta que los problemas en las regiones por temas de corrupción aparecen es cuando se dictan pliego de cargos, antes no amenazan a nadie", agregó.
Para este miércoles está previsto que continúe la votación del estatuto anticorrupción en la Comisión Primera de la Cámara, la cual se amplío ayer con los artículos que pidieron incluir Lizcano y la contralora general, Sandra Morelli, los cuales sumados a los que faltan por aprobar son en total 43.
INDÍGENAS EMBERA SUFREN DESPLAZAMIENTO POR ACOSO DE BANDAS
El hecho se le atribuye a la banda criminal 'Los Rastrojos'.
Al menos 43 familias de la comunidad indígena embera sufrieron un desplazamiento forzado por el acoso de la banda criminal 'Los Rastrojos', que integran ex paramilitares y narcotraficantes, informó este miércoles Acción Social.
El grupo de unas 220 personas venía siendo hostigado desde febrero por 'Los Rastrojos', que realizaron una incursión armada, les quitaron los alimentos e incluso secuestraron parte de la comunidad durante un día, indicó un vocero de Acción Social.
Esta comunidad habitaba un resguardo indígena en la zona del Bajo Baudó, en el departamento del Chocó, y se encuentra ahora a orillas del río Pavasa.
Según la Organización Nacional Indígena, la violencia contra los indígenas en Colombia se agravó en 2010, con 122 asesinatos, 10 desapariciones y 1.146 desplazados.
EL ESPECTADOR
ELEGIDOS CANDIDATOS A SUCEDER A JESAEL GIRALDO EN JUDICATURA
La misma Corte Constitucional elegirá al nuevo Magistrado de la Judicatura.
La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a los cinco juristas que se disputarán la plaza que dejó vacante Jesael Giraldo.
Gladys Virginia Guevara, Néstor Raúl Correa, Andelfo García, Patricia Linares y Hernando Hernández fueron preseleccionados en la sesión de éste miércoles, aún cuando cabe resaltar que Humberto Sierra Porto María Victoria Calle y Jorge Ignacio Pretelt presentaron salvamento de voto frente al primero de estos nombres.
El jurista renunció a su cargo como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el pasado 7 de febrero, aduciendo motivos personales.
El 31 de enero de 2008, Giraldo fue sucesor de Jorge Flechas Díaz en la Presidencia de la colegiatura de manera interina, donde se desempeñó hasta enero de 2009, cuando fue reemplazado por María Mercedes López Mora.
El jurista de Casabianca, Tolima, es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y tiene especializaciones en derecho procesal y comercial.
Además de otras especializaciones en filosofía en derecho y genética forense, Giraldo obtuvo un doctorado en derecho civil de la Universidad de Zaragoza, España.
LA TARDE.COM
LO MÁS IMPORTANTE SON LAS CONVICCIONES CON LAS QUE UNO VIVE
“Llegué a la Corte Constitucional por accidentes de la vida. No era algo buscado, se fue dando… a los tres meses de haber llegado de Francia estaba nombrado como magistrado, fue un giro de la vida inesperado, del cual no me arrepiento”. Así, sin tapujos, habla el recién elegido presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao.
De corbata, jean y chaleco, Henao dialogó con Colprensa en su despacho, no en el recinto oficial del presidente de la Corte Constitucional. Allí, en el piso sexto del Palacio de Justicia, el vocero del máximo tribunal constitucional colombiano habló de su familia, de los compromisos del alto tribunal, de la tutela sobre la adopción para parejas gay y de su experiencia en Europa, cuna del derecho nacional.
¿Quién es Juan Carlos Henao?
Nací en Cali, vengo de la provincia, estudié durante 14 años con los jesuitas en el Colegio San Juan Berchmans (de esa ciudad). Tuve la suerte de venir a Bogotá a estudiar derecho en la Universidad Externado de Colombia. Luego la fortuna de ser becario del gobierno francés y también del Externado y logré hacer estudios de especialización, maestría y Phd en la Universidad de Pantheón París II Sorbona y terminar con una tesis doctoral sobre derecho comparado (colombiano y francés) que fue lauda, es decir, tuvo la máxima calificación. He vivido en el extranjero; en Europa, particularmente en Francia, unos 13 años. Soy profesor de la Universidad Externado, esa es mi casa académica, y he sido conferencista invitado internacional en por los menos quince países. Tengo 35 publicaciones en Colombia, México, Rumania, EE.UU., Francia e Inglaterra. Vivo con una mujer hace 25 años, tengo dos hijas de 18 y 15 años, con quienes tengo una muy buena relación familiar.
¿Por qué decidió estudiar derecho?
Gustos que se van dando desde la adolescencia. Eso venía de la formación de mi familia, que era muy amorosa, tolerante y discursiva. No autoritaria, sino que las relaciones eran a través de argumentos. No era un problema de decir “porque sí”, sino de discutir. Creo que ese ambiente familiar me fue dando un amor hacia todo lo que es argumentación y a entender que el problema de la vida no es de autoritarismo, sino de convencimiento mutuo a través de la comunicación. Mi papá fue un médico que se dedicó a la salud pública y me dio un ejemplo impresionante en la vida; era ginecobstetra y le iba muy bien en Cali y de un momento a otro se dedicó a temas sociales. Él me enseñó que en la vida el dinero es secundario y que lo más importante son las convicciones con las que uno viva.
Teniendo en cuenta que vivió en Europa mucho tiempo, ¿cómo analiza el derecho y la sociedad colombianos?
Pienso que sí es un plus el hecho de conocer el mundo. No solamente he vivido fuera, sino que además he sido muy viajero. Como estudiante siempre he sido muy curioso de qué ocurre en otras partes del mundo, de conocer otras culturas. Eso me ha marcado mucho en el ejercicio del derecho. Me gusta el derecho comparado. De hecho, la gran mayoría de sentencias que saca mi despacho tienen referencias al derecho de otros lugares, estudio qué está ocurriendo en diferentes partes del mundo, porque esa cosmovisión consolida al individuo y consolida la Corte Constitucional. Entre más información tenga uno, mayor posibilidad de tomar decisiones correctas. Para uno poder tener solidez personal, debe mirar hacia fuera.
¿Cómo está el derecho colombiano frente al de otros países?
Muy bien. El derecho colombiano es muy respetado en el contexto internacional. Lo que uno se pregunta es por qué el discurso jurídico no logra penetrar totalmente la sociedad civil. Los fallos de las altas cortes son tratados humanitarios, filosóficos, pero aquí hay un desbalance muy grande entre el discurso jurídico y la sociedad real.
¿Qué fue lo que más le impactó al retornar a Colombia?
Eso… las desigualdades sociales; pero aún más la cultura de la violencia, algo nefasto para el desarrollo social. Ese discurso de la violencia, de las masacres, de la muerte, de las violaciones masivas de derechos humanos, es lo que más me impactó. Precisamente la función de una Corte Constitucional es la de expandir hasta más no poder ese discurso jurídico que soluciona problemas sociales. Ahí es donde la gente tiene que creer en las instituciones judiciales
¿Qué lectura le da a los 20 años que está a punto de cumplir la Constitución?
En términos generales el balance es más que positivo. El cambio que hubo de la Constitución de 1886 a la de 1991 es fundamental. La del 86 era una constitución dogmática, cerrada, centralista, presidencialista, donde las libertades estaban negadas, donde la única forma válida de enseñanza era aquella dada por la Iglesia Católica. Con la del 91 se pasó a una constitución abierta, pluralista, sentada en el principio de la tolerancia y del reconocimiento del otro, del reconocimiento de los derechos sociales. La gente ha integrado más a su vida los derechos y eso ha sido producto, sobretodo, de la tutela. A la Corte llegan cerca de 45 mil tutelas al mes, es decir, unas 500 mil al año. La forma de avanzar una sociedad supone que la solución de los conflictos se haga a través de los medios jurídicos y eso es lo que tiene que enseñar la Constitución del 91.
¿Se ha abusado de la tutela?
Claro que se ha abusado, pero jamás se puede partir, al analizar la bondad de una institución, desde sus defectos, porque eso falsea la institución en sí misma. Es claro que de los 45 mil casos mensuales, si acaso habrá 50 ó 500 en los que se abuse de esa acción, lo que es absolutamente reducido.
¿Se debe modificar la tutela?
Todo es susceptible de mejorar. Podrían hacerse modificaciones, pero habrá que ver cuáles y en qué condiciones. Por ahora creo que la tutela está funcionando correctamente.
Usted es ponente del estudio a la tutela para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar menores. Se ha dicho que su ponencia o su voto serán a favor de las demandantes. No puedo pronunciarme al respecto. Pero quiero que la ciudadanía entienda que la Sala Plena de la Corte es un foro de debate libre y que el peso de los argumentos es el que le hace a uno tomar las posiciones definitivas. La riqueza de la Corte Constitucional está en el debate y se sabe que cualquier decisión saldrá enriquecida por esas discusiones. Ningún magistrado puede decir que un proyecto se queda como lo proyecta.
¿Cuánto tiempo le ha tomado elaborar esta ponencia en particular?
Unos seis o siete meses. Mirando derecho comparado, estudios sicológicos, de todo. Lo mejor es llevar a la plenaria algo sólido, porque eso permite que el debate sea mucho más alto.
¿Pensarían en hacer audiencias públicas para este tema?
No necesariamente. La tendencia de la Corte es la de no hacerlas, por volumen de trabajo. Reconozco que este es un tema importante y trascendental, pero igual hay otros que también lo son. Es potestad de la Corte decidir, pero por ahora se ha decidido que no es necesario.
Se ha criticado que la Corte legisla, que interviene en lo que deben hacer las autoridades ¿esa visión es válida?
La Corte Constitucional no legisla, cumple funciones constitucionales. Lo que hace es controlar la constitucionalidad de las leyes. Ahora, hay temas que son muy importantes en los que la Corte tiene la obligación de pronunciarse por mandato constitucional y eso no sucede sólo en Colombia.
REVISTA CREDENCIAL
REPORTAJE: CUANDO EN CASA HAY DOS MAMÁS
Una película nominada a cuatro premios Oscar, 'Los niños están bien', y la polémica nacional sobre si las parejas homosexuales pueden adoptar o no, ponen sobre el tapete el tema de las relaciones entre mujeres. Historias de parejas y familias cada vez menos atípicas.
En 2007, Profamilia y la Universidad Nacional realizaron una encuesta en Bogotá entre 1.270 homosexuales. De los múltiples resultados que produjo esta medición, hay uno bastante revelador (que, por cierto, en estos cuatro años pudo haber aumentado una o dos cifras): de cada 100 gays (hombres o mujeres), 11.5 eran padres de familia. La idea de que las lesbianas y los homosexuales, por regla, se quedaban sin reproducirse, está más que lejos de la realidad. Inseminación artificial, alquiler de vientres, adopción u encuentros heterosexuales...Las formas de reproducción de la comunidad gay son múltiples. El problema radica en hacerlas legítimas: muchas veces, legalmente sus hijos... no son sus hijos.
La teniente de la policía Sandra Mora Morales y Emilse, su pareja, se preparan científica y mentalmente desde hace un año y medio para tener un hijo. La idea es que Emilse sea inseminada; cuando el niño nazca llevará su apellido: Bohórquez. Sin embargo, ni el nombre ni el apellido ni la figura de la teniente legalmente tendrán validez alguna. Digámoslo así: sólo de puertas para adentro, el niño tendrá dos mamás. Afuera, en el mundo, será el hijo de una madre soltera.
Así le sucede a Sebastián. Su mamá biológica, Mariana Gómez, lleva doce años de relación con Sandra Masso, a quien él, quinceañero estudiante de colegio, define con toda la naturalidad como "mi otra mamá". Pero, por más de que ella dé la vida por él, trabaje pensando en el bienestar del muchacho y lo presente en la oficina y en su círculo social como su hijo, para el momento en el que se escribe este artículo no hay nada que hacer: según la ley, no es su hijo; para la ley, él y ella no tienen vínculo alguno. Es más, si Mariana llegara a faltar, Sebastián se convertiría legalmente en algo así como un huérfano, porque su padre biológico jamás respondió por él, y su segunda madre... bueno, no es aceptada como tal.
Sin embargo, muchos dicen que las cosas pueden estar cambiando. Dos mujeres paisas que se casaron en Alemania pusieron a la Corte Constitucional a discutir si en Colombia las parejas homosexuales pueden adoptar bebés o no. Una de las mujeres (no quisieron revelar sus nombres) tuvo una hija por inseminación artificial. Su pareja decidió, entonces, adoptar y reconocer a la niña como a su hija. Y ahí fue Troya, porque el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de plano se negó a emitir la autorización. La ley colombiana "en ningún momento reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni autoriza las adopciones a las mismas (...) Este hecho no hace evidente, ni existe aún el reconocimiento a estas parejas para casarse o adoptar, puesto que hasta ahora se estima que éstas puedan conformar uniones ante notario, mas nunca una familia", fue la respuesta del Instituto. La pareja instauró una tutela y la Corte se puso a estudiar el asunto, lo que generó todo tipo de comentarios y, cómo no, un nuevo escándalo.
Germán Rincón Perfetti, abogado de la pareja, declaró que era común que las personas homosexuales que querían ser padres y madres, se hicieran pasar como solteras ante Bienestar Familiar ¿así tuvieran una relación estable¿ para que les dieran un hijo en adopción. Las leyes del país permiten que se entreguen niños a personas solas, pero hasta el momento no se sabe de ningún caso en el que se le haya entregado un hijo adoptivo a una pareja abiertamente gay. Entonces, es común que, a la hora de la visita de Bienestar Familiar, uno de los miembros de la pareja se desaparezca para que su compañero (a) pase por alguien soltero. En un país en el que no se les entregan niños a parejas homosexuales, ésa parece ser la única manera de adoptar que tienen gays y lesbianas. Pero, tras las declaraciones de Rincón, la procuraduría ¿cuya cabeza, Alejandro Ordóñez, ya se ha manifestado en contra de la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo¿ le pidió al ICBF y a la Fiscalía que investigara "los supuestos casos de adopción irregular de infantes por parte de parejas homosexuales" que el abogado habría puesto en evidencia. Claro, en términos legales esas parejas habrían mentido.
Pero es que no es fácil para la comunidad gay tener un bebé. Porque ¿si bien son procedimientos privados y personales que no pasan por el filtro de la autorización legal (léase Bienestar Familiar)¿ la fertilización in vitro y la inseminación artificial son supremamente caras; y el alquiler de un vientre no es permitido en el país. De ahí que no sea raro que, cuando una pareja de lesbianas decide tener un hijo, le pida 'el favor' a un amigo: una noche hetero que se traduce en el anhelado bebé. Algo no muy distinto pasaría con algunas parejas de hombres homosexuales.
El destape
'Salir del closet' ante su familia no fue un problema para la teniente Mora. "Cuando les conté, me dijeron que ya lo presentían. Sin embargo a nivel institucional la cosa sí era muy compleja¿comenta¿. Yo tenía mis relaciones, pero no con nadie de la policía, sino con personas de afuera. Tampoco lo oculté nunca, en el ambiente se conocía. Pero está claro que cuando me sacaron, el transfondo fue mi orientación sexual". Se refiere, obviamente, a cuando fue retirada de la policía, hace casi once años, no por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo, como se quería hacer ver, sino por el hecho de ser lesbiana. Ahora, después de una inmensa lucha legal, será reintegrada. "Estoy muy ansiosa, pero también muy alegre", dice mientras mira a su compañera. Llevan siete años juntas. Emilse, economista y manager de cantantes, cuenta: "Mi familia es muy conservadora.
Decepcionarlos era fatal para mí, porque yo siempre fui la hija perfecta. Aparentemente era feliz, pero por dentro sufría mucho. Un novio pidió mi mano y en el el momento en el que me solicitó 'la pruebita de amor' y me vi, además, como mujer casada, no aguanté más. Hablé con mis papás, les conté la verdad: me dijeron que mi felicidad y mi dignidad eran lo más importante... Ay, después respiré de verdad". De eso hace ya diez años.
A Sandra y a Emilce les gustaría no sólo ser madres con todos los derechos del hijo que van a tener, sino también, cómo no, casarse. Pero el matrimonio entre homosexuales aún no es legal en Colombia. La figura más cercana es la de pareja de hecho, que nació con la ley 54 de 1990, y que permite que dos personas que viven juntas compartan patrimonio y tengan acceso a seguridad social, pensional y de salud.
Mariana Gómez y Sandra Masso lo son. "Fuimos a una notaría y firmamos, como en un negocio ¿cuenta Sandra¿. Pero nos gustaría casarnos, no para que nos digan que somos una familia, porque ya lo somos, sino para no ser de segunda categoría, para ser como todos los colombianos".
Se conocieron en Manizales cuando Sebastián, el hijo de Mariana, tenía un año. Durante dos años fueron amigas. Después se establecieron como pareja. Ahora son dueñas de 'El Estuche', un bar de género en Chapinero. Habla Sebastián: "Toda la vida he crecido con ellas dos. No fue cuestión de que un día me dijeran que eran lesbianas y tenían una relación, porque desde pequeño he estado acostumbrado a verlas. No lo he contado en el colegio, creo que nadie lo sabe. A las reuniones de padres sólo va mi mamá-Mariana. Nunca he sido persona callejera, o de invitar gente a mi casa, o sea que mis amigos todavia no se han dado cuenta. Y es que quiero esperar, siento que aún no es el momento... Yo oigo que mis amigos tienen muchos problemas porque los papás pelean o porque el papá llegó borracho o le pegó a la mamá. Y quedo extrañado, porque en mi familia no pasan cosas tan graves. Mis compañeros cuentan cosas muy feas que los ponen muy mal, y yo... yo nunca he tenido una crisis por un problema familiar".
Dios, apellidos y otros misterios
Sandra Mora, Emilse Bohórquez, Mariana Gómez y Sandra Masso son creyentes. Le ruegan a Dios y le piden a la Virgen que interceda por ellas. ¿Contrasentido, ante una religión que ve como pecado a la homosexualidad, a la adopción de niños por parte de parejas gays y hasta a la inseminación artificial? "No ¿dice la teniente Mora¿. Cuando yo hice el proceso de reconocimiento de mi sexualidad, hablé con cuatro sacerdotes para encontrar una tranquilidad espiritual, y en ellos encontré palabras claras de lo que es estar en línea con Dios. Me dijeron: 'Él no ve si eres o no eres, lo importante para él es que estés tranquila con él. Que te reconozcas y lleves una vida correcta por el camino del bien'. No todos los sectores de la Iglesia piensan igual".
Tiene razón: hace unos meses, el Padre Carlos Novoa, investigador de ética de la Universidad Javeriana, dio una entrevista para El Espectador. Allí dijo frases como: "[Hay] sectores minoritarios de la Iglesia o de la sociedad en general que manejan los debates de formas agresivas, y quiero subrayar que se separan de la postura formal que tiene la comunidad católica. El papa Juan Pablo II siempre dejó claro, y lo cito textualmente: 'Las lesbianas y los homosexuales son hijos de Dios, sujetos de una radical dignidad e igualdad y por ningún motivo deben ser discriminados'"; "La iglesia está de acuerdo con los derechos sociales y patrimoniales de las parejas del mismo sexo".
¿Avances? Al parecer. Pero bueno, Roma no se hizo en un día.
Mientras tanto, la teniente Mora y Emilse sueñan con el futuro: un matrimonio legal y dos hijos, uno por inseminación y otro adoptado ("de frente, como una pareja gay abierta"), y Mariana Gómez y Sandra Masso sonríen cuando Sebastián dice que el día en el que pueda ser legal el hecho de tener dos mamás, no sabrá qué apellido se pondrá primero y cuál después. "¿Primero Gómez o primero Masso?", dice el joven, y suelta una carcajada.
*Con la colaboración de Elizabeth Castillo, abogada y coordinadora del grupo de mamás lesbianas de Bogotá, y Mónica Roa, directora de programas de Women's Link World Wide.
EL NUEVO SIGLO
CONDENADOS LÓPEZ CABRALES Y CABALLERO POR PARAPOLÍTICA
Los dos están detenidos en la cárcel La Picota, de Bogotá.
Los procesos por nexos de políticos con los paramilitares volvieron a moverse en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en la Constitucional que ayer condenaron a Rafael Enrique Caballero Aduén y le confirmaron la sentencia a Juan Manuel López Cabrales.
De una parte, el alto Tribunal fijó una condena de 5 años y 7 meses de cárcel al ex representante a la Cámara por el departamento del Magdalena, Rafael Enrique Caballero Aduén, por presuntos nexos con los grupos paramilitares.
Caballero Aduén se había acogido a sentencia anticipada luego de haber aceptado la acusación por concierto para delinquir que lo relacionaba con el ex paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón.
Como se recordará el ex congresista se había entregado el pasado 11 de agosto del 2010 ante el CTI de la Fiscalía al conocer una orden de captura emitida por la sala penal de la Corte Suprema.
Durante las audiencias en donde fue escuchado el ex comandante del frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas, Hernán Giraldo, en versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, reveló la alianza que mantuvieron con varios dirigentes de la región.
Según los mismos desmovilizados, el control que ejercía ese grupo armado ilegal en la región incluía el trabajo conjunto con algunos efectivos de la fuerza pública, que facilitaban sus operaciones en el marco de la lucha contrainsurgente.
El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, había desplegado actuaciones tendientes a hacer efectiva una orden de captura que pesaba en contra de Caballero el 20 de febrero de 2009.
Casi un año después, el nombre de Enrique Caballero apareció en la lista de firmantes de la declaración de dirigentes liberales del Caribe, que se reunieron con la senadora Piedad Córdoba el 10 de enero pasado, en Santa Marta, Magdalena.
La pena contempla además, el pago de 4 mil 785 salarios mínimos y 5 años de inhabilidad para ejercer funciones públicas.
De otra parte, la Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó la condena de seis años y dos meses de prisión contra el ex congresista Juan Manuel López Cabrales, por nexos con grupos paramilitares.
El ex Congresista perdió la batalla jurídica que libraba para salirle al paso a la condena que paga por parapolítica, luego de que la Corte Constitucional se negara a anular el fallo.
López Cabrales había sido hallado culpable del delito de concierto para delinquir agravado, derivado de su comprobado vínculo con paramilitares de Bloque Norte.
En 2008, López Cabrales había sido sentenciado a seis años y dos meses de cárcel y al pago de más de 920 millones de pesos por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dio cuenta de la alianza existente entre el dirigente y el excomandante paramilitar.
Según la alta Corporación, el político liberal ultimó detalles para que el cuñado de Mancuso fuera nombrado en el cargo de secretario de Salud del departamento de Córdoba.
Adicionalmente, López Cabrales fue uno de los firmantes del llamado Pacto de Ralito, en Córdoba, un acuerdo firmado en junio de 2003 entre paramilitares y dirigentes políticos, que buscaba un frente común para defender un proyecto de Estado Nación en Colombia
REVISTA SEMANA
PROCURADOR LE DICE NO A LA DOSIS PERSONAL
Si la Corte Constitucional avala una reforma a la Carta, la dosis mínima quedará prohibida.
El procurador Alejandro Ordoñez consideró que la prohibición del porte y consumo de sustancias sicotrópicas no restringe el derecho a la libertad y autonomía personal.
El concepto del procurador, Alejandro Ordoñez, sobre el Acto Legislativo 02 de 2009 que busca reformar la Constitución para prohibir el porte y consumo de drogas pide que la iniciativa se declare constitucional.
Así lo dio a conocer la Procuraduría este miércoles. Según el ente de Control, “la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, salvo prescripción médica, no es restrictivo del derecho fundamental de la libertad y la autonomía personal y, por el contrario, su texto se ajusta a la Constitución Política”, dijo la Procuraduría.
El Procurador añade que instrumentos internacionales comprometen a los Estados en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
La reforma a la Constitución para prohibir “la dosis mínima” fue propuesta por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe. En este momento, la reforma se encuentra en la etapa de revisión constitucional, en donde la Corte deberá definir si el trámite del Acto Legislativo se ajustó a la Ley.
Si la reforma constitucional es aprobada, el artículo 49 de la Constitución, después de explicar que el Estado debe garantizar la prestación del servicio de salud y que también es un deber de todos procurar el cuidado de la salud personal y de la comunidad, dirá:
“El porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto”.
Y añadirá: “Así mismo el Estado dedicará especial atención al enfermo dependiente o adicto y a su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará en forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos”.
Este proyecto fue motivo de un álgido debate en el Congreso, en donde los opositores a la propuesta señalaron que la prohibición de la dosis mínima restringe las libertades, mientras que los defensores de la propuesta aducen que será un instrumento para combatir el microtráfico.
El senador liberal Luis Fernando Velasco explicó que el Gobierno de Uribe intentó, por lo menos siete veces, prohibir la dosis mínima. “Aunque al principio la iniciativa buscaba la penalización, a su paso por el Congreso los efectos de la propuesta se restringieron bastante. Ahora no se penaliza sino que si se encuentra a alguien con droga se le da un tratamiento médico”, explicó el senador.
El jefe del Ministerio Público adujo que “el consumo y el mercado de drogas ilícitas generan costos económicos para sociedad, algunos de tipo económico como la organización de fuerzas policiales, sistemas judiciales, tratamientos sanitarios y programas de rehabilitación, y otros no económicos como el elevado costo en vidas, violencia, deterioro de la vida comunitaria, miedo y posibilidades colectivas malogradas”.
En criterio del Procurador, la adicción a las drogas no puede ser motivo de protección, pues el problema de las drogas no sólo atañe a quien las consume.
“Ni el porte ni el consumo de drogas son asuntos propios de la vida íntima de las personas. Basta considerar que las drogas son cultivadas, procesadas, transportadas, distribuidas y vendidas por otros, para advertir que no se trata de un asunto que corresponda de manera exclusiva a quien las porta y a quien las consume”, dijo.
El Procurador también sostuvo que la autonomía personal y el individuo mismo, tienen un “claro límite en los demás”.
Según él, “la convivencia está regida por normas que son el resultado de un proceso democrático de consenso más que de imposición, razón por la cual el porte y el consumo de drogas no son asuntos íntimos, ni individuales, sino asuntos sociales relevantes para el derecho”.
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA EXEQUIBLE DECRETO DE EMERGENCIA SOCIAL
IEl Alto Tribunal encontró que los hechos que justificaron la emergencia eran sobrevinientes y desbordaron la capacidad del Ejecutivo.
La Corte Constitucional dio su visto bueno al decreto madre de la “emergencia social” (el 4580 de diciembre de 2010) decretada a raíz del fuerte invierno que azotó al país el año pasado y se extendió hasta el año en curso.
La Corte encontró que los hechos que dieron lugar a la emergencia eran “sobrevinientes”. Es decir, que no eran previsibles, pues a pesar de que había numerosas advertencias la dimensión del invierno desbordó las predicciones.
La ponencia la elaboró el magistrado Mauricio González quien indicó que los argumentos invocados por el Ejecutivo se ajustaron a la constitución.
La Procuraduría en su concepto también había pedido declarar exequible este decreto. No obstante, ahora la Corte deberá examinar los demás decretos que se desprendieron del decreto madre y definir si también cumplieron con los requisitos para ser avalados o no.
El Procurador, por ejemplo dijo que el decreto que extendió la vigencia de la ola invernal debe ser declarado inexequible pues el Gobierno esperó a que el primero se venciera para sacar uno nuevo.
Por la ola invernal se vieron damnificadas 2.440.000 personas, cifra muy superior a la de años anteriores. El Alto Tribunal encontró que la expedición del decreto cumplió con el procedimiento pues el Gobierno contaba con un presupuesto de 580.000 millones de pesos para atender la emergencia, cuando la sola atención humanitaria podría costar tres billones de pesos.
A través de la declaratoria de emergencia el Gobierno ordenó la evacuación de municipios, suspendió la ejecución de dinero destinado a fines distintos, reorganizó las juntas directivas de las Corporaciones Autónomas Regionales, ordenó la flexibilización del ciclo académico de centros educativos afectados, le dio facultades a las autoridades departamentales para expropiar predios ubicados en zonas de alto riesgo, entre cosas.
Para algunos juristas, decretos como el que reforma las corporaciones autónomas o el que ordena la venta del 10 por ciento de Ecopetrol, no tienen nada qué ver con la emergencia social, por lo tanto han pedido que se declaren inexequibles. La Corte tiene la última palabra.
JUDICATURA TAMBIÉN PIDE TRASLADO DE PRUEBAS EN PROCESOS DE CORRUPCIÓN
Tal como lo pide la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura también reclama la facultad de conocer pruebas de la Fiscalía para investigaciones disciplinarias de funcionarios judiciales.
Cuatro herramientas pide el Consejo Superior de la Judicatura le sean otorgadas en el estatuto anticorrupción. Este organismo, en su sala disciplinaria, tiene la función de investigar a todos los funcionarios de la rama judicial: jueces y magistrados.
Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, le pidió a la Cámara de Representantes, donde se discute en tercer debate el estatuto, la posibilidad de que la Fiscalía traslade pruebas a la sala disciplinaria cuando se trate de presuntos actos de corrupción de funcionarios de la rama.
Esta petición es similar a la que el procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo dos semanas atrás y a la que la fiscal general, Vivianne Morales, se opuso. La Fiscalía y la Procuraduría, tal como explicó el ponente del proyecto, Germán Varón, aún no se han puesto de acuerdo en el tema.
La diferencia de la petición de la Judicatura, según el magistrado Angelino Lizcano, es que el traslado de pruebas se realice después de una audiencia de imputación de cargos contra un funcionario. Es decir, cuando el proceso sea público.
No fue la única petición de esta corporación. Lizcano también exigió que en el estatuto anticorrupción la sala disciplinaria pueda investigar no solo a jueces, magistrados y abogados, sino también a otros empleados de la rama judicial como auxiliares, secretarios, escribientes. “De un juez para abajo nadie los disciplina”, explicó.
El presidente de la Judicatura también pidió poder preferente para el traslado de procesos disciplinarios. La idea es que funcionarios de la judicatura que no tengan plenas garantías para la investigación en sus regiones se puedan trasladar a Bogotá.
Lizcano reclamó para la Judicatura tener funciones preventivas similares a las que tienen la Procuraduría y la Contraloría. Y finalmente pidió ser partícipe en el diseño de políticas anticorrupción.
El presidente de la Judicatura argumentó que en 20 años de existencia de la corporación, la sala disciplinaria ha proferido sanciones contra 1.800 funcionarios judiciales y ha investigado cerca de 20.000 abogados por casos de corrupción.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó como “razonables” las peticiones de la Judicatura a pesar que esa corporación pueda ser objeto de reestructuración y hasta de eliminación en una futura reforma a la justicia. “Sin prejuicio de ese debate, el Gobierno considera útiles esas herramientas. La corrupción también ha permeado la rama judicial”, explicó.
El estatuto anticorrupción está en tercer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes.
CARACOL RADIO
CONFIRMAN CONDENA A JUAN MANUEL LÓPEZ CABRALES POR 'PARAPOLÍTICA'
La Sala Plena de la Corte Constitucional confirmó la condena de seis años y dos meses de prisión contra el excongresista Juan Manuel López Cabrales, por nexos con grupos paramilitares.
El excongresista fue condenado por firmar el pacto de Santa Fé de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia, en el año 2001.
El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Juan Carlos Henao, sostuvo que se resolvió una tutela que pretendía tumbar la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra el excongresista.
"Se tomó la decisión en el caso de López, en el cual se había solicitado que se anulara una decisión de tutela tomada por la sala de revisión número uno de la Corte Constitucional y se interpuso el recurso ante la Plenaria buscando que se anulara la decisión de la Sala de revisión pero esa nulidad no prosperó", sostuvo el Magistrado.
En tal sentido la Corte Constitucional en su Sala Plena confirmó la condena en contra del excongresista por el delito de concierto para delinquir.
MAGISTRADOS PEDIRÁN ACCIONES A LA FUERZA PUBLICA PARA PERMITIR ENTREGA DE PREDIOS A VÍCTIMAS
Tras la denuncia de la Fiscalía sobre el apoderamiento de tierras por parte de las bandas criminales, los magistrados de Justicia y Paz solicitaron a la Policía y al Ejército una acción efectiva para garantizar la reparación a las víctimas.
Con profunda preocupación recibieron los magistrados de la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá la denuncia hecha por la fiscal de Justicia y Paz, Nubia Stella Chávez Niño acerca sobre la dificultad de acceder a los predios ofrecidos por los ex cabecillas del paramilitarismo, debido a que en zonas como el Urabá antioqueño delinquen las bandas criminales.
"En el Urabá las bandas criminales han estado, a través de falsificaciones de las escrituras, apoderándose de los bienes; eso nos ha dificultado el tema de pedir medidas cautelares sobre los bienes porque en el último de los bienes (ofrecidos por alias 'HH') una vez comenzamos a hacer el procedimiento de verificación, reversaron nuevamente la venta y apareció nuevamente a nombre de la persona que estaba como testaferro", señaló la funcionaria judicial.
Ante la denuncia, la magistratura solicitará formalmente al Ejército Nacional y a la Policía Nacional que se brinde mayor protección a estos predios que ya están registrados en la Fiscalía para la reparación de las víctimas de bloques como el 'Bananero', cuyo máximo cabecilla, Ever Veloza García, alias 'HH', seguirá en audiencia pública este jueves.
CMI
LA CORTE CONSTITUCIONAL RESPALDA EMERGENCIA SOCIAL
La Corte Constitucional avaló la emergencia social, económica y ecológica, decretada por el Gobierno a finales del año pasado, como consecuencia de la fuerte ola invernal que azotó al país.
El Alto Tribunal encontró que la declaratoria del estado de conmoción se ajustó a las normas y a la Constitución, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y las consecuencias de las lluvias.
El presidente de la corporación, Juan Carlos Henao, determinó que la grave ola invernal afectó derechos fundamentales a la vivienda, la salud, el trabajo, la educación, además de causar daños en la infraestructura y en cultivos.
“Esa ola invernal destruyó más de 200 mil hogares, y de más de 2 millones de damnificados, con lo cual se justifica la declaratoria del estado de emergencia social debido al desastre que dejaron las lluvias”, indicó el magistrado.
Según el informe que presentó el Gobierno en la Corte, se estima que para rehabilitar las zonas destruidas se necesitarían 6 billones de pesos y hasta el momento el Gobierno ha invertido más de 3 billones en solo ayuda humanitaria.
La Corte Constitucional entra ahora a estudiar los 36 decretos que se expidieron en el marco del estado de emergencia social.